Las contradicciones de la justicia aplicadas al entrenador…
… y mientras el Valladolid pagará en Primera.
Fue una noticia que se conocía este pasado verano, y que aunque pasó desapercibida para el gran público, los afectados ya se manifestaron en contra. Se trataba del nuevo convenio firmado por la Federación Española de Fútbol y la Liga Profesional que establecía una nueva regulación para los despidos de los entrenadores. El nuevo convenio derogaba la potestad de la RFEF, a través del Comité Jurisdiccional, como órgano arbitral en cuestiones de conflictos de esta naturaleza. Ramón Cobo, presidente del colectivo de entrenadores, fue contundente contra Angel Villar. Se intuía que pronto se conocerían las consecuencias.Hasta entonces las diferencias entre el club y el entrenador cesado eran resueltas por el Comité arbitral. Con el nuevo Convenio debía ser la jurisdicción ordinaria la competente. Sin embargo, el tema aun colea, y al Comité le siguen llegando reclamaciones esta campaña, entre ellas las de Lucas Alcaraz y Miguel Angel Campos, contra el Xerez por cantidades adeudadas de la pasada temporada.¿Privilegiados o damnificados?Un capítulo de esta historia nos la cuenta el Diario ABC y tiene como protagonistas a Marcos Alonso y a su ayudante Ricardo Barral. Ambos, en febrero de hace ahora un año, fueron cesados, despedidos, del Real Valladolid (misma suerte corrió el ex barcelonista esta liga en el Málaga). Como expresaban sus contratos, y al no llegar a un acuerdo económico con el Consejo de Administración pucelano, acudieron al tribunal futbolístico para que resolviera. El abogado de Marcos y Barral pretendía que cobraran toda la temporada (hasta junio de 2006), mientras que el club entendía que sólo debía hacerlo hasta la fecha de su destitución.
El Comité, tal y como venía actuando en los últimos años en situaciones parecidas, sentenció que debían percibir la integridad de su ficha. El Valladolid, que sabía que el nuevo convenio podía ampararle y que además sabía que no iba a tener presión social en la ciudad castellana por demorar un acuerdo con Marcos, decidió acudir a la Justicia. Dicho y hecho. En junio de 2006 presentó demandas contra Marcos y contra Barral, en la Audiencia Provincial de Madrid. El objetivo no era otro que la Audiencia anulara el laudo federativo y exigir que las indemnizaciones, y su cuantía, las dictara la Justicia. Pero lo más llamativo del caso se ha conocido a través de la información publicada ahora por el rotativo madrileño. José Baltasar Plaza Frías, abogado de los dos, se ha encontrado con dos resoluciones contradictorias por un mismo despido. El 10 sí, el 8 no.La sección décima de la Audiencia Provincial de Madrid «estima» la petición del Valladolid en el caso de Marcos Alonso v «anula el fallo» del Comité de la FEF. El fallo no considera competente al órgano federativo para decidir si un despido es procedente o improcedente y, por ende, a decidir la cantidad a pagar. Insta a las partes a litigar en los tribunales de Justicia. Es la línea que marca el Convenio firmado por Liga y RFEF.Sin embargo, la sección ocho de la Audiencia Provincial «desestima» la solicitud del Valladolid de anular el fallo del Comité respecto a Ricardo Barral y manifiesta que la sentencia del tribunal deportivo «es válida porque las partes se sometieron libre y expresamente a ese arbitraje». Es lo que recogía el contrato de ambos. Evidentemente, y guste o no, a partir de ahora los técnicos destituidos van probablemente a cobrar más tarde si, como es probable, se empiezan a dilucidar en la justicia ordinaria las indemnizaciones que corresponden en caso de ser cesados.
